El proyecto apoyó una propuesta recibida a través de la Organización Indígena AIDESEP (Asociación Interétnica de Desarrollo de la Amazonía Peruana) al objeto de conseguir el desalojo de más de doscientos colonos que, durante 1998, invadieron el territorio de la comunidad nativa Naranjos, definir los límites de las tierras y elaborar normas de uso y defensa que eviten en el futuro atropellos como los que actualmente padecen buena parte de los pueblos de la selva de aquel país.
El proyecto se condujo por la ORASI (Organización Regional Aguaruna de San Ignacio).
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