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La Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo ha concedido, en su convocatoria 2008, una subvención de 311.623€ para el proyecto "Monitoreo social y ambiental en 6 comunidades Shipibo-Conibo de la zona Sureste del PNCAZ, Perú, con sobreposición de lotes de hidrocarburos.
Las 10 comunidades nativas Shipibo-Conibo, y los grupo Cashibo que viven en aislamiento en la zona de amortiguamiento del Parque Nacional de la Cordillera Azul (Departamento de Loreto-Perú), están viendo amenazado su estilo de vida por la presencia de taladores ilegales y por las operaciones hidrocarburíferas de los lotes 107 y 119, superpuestos a los territorios donde habitan, territorios indígenas.
Estos pueblos carecen de herramientas legales y formales para la defensa de sus derechos colectivos e individuales, ya sea para la defensa de sus territorios, para el acceso a sus recursos naturales, para sus formas tradicionales de vida;los relacionados con la igualdad de condiciones para acceder a puestos de trabajo, alimentación, ambiente sano; los Derechos Humanos esenciales, como la vida y la salud en el caso de los Aislados. A nivel local, la indefensión es manifiesta, y las comunidades y sus miembros no cuentan con el respaldo de las autoridades locales y regionales para su formalización, capacitación y fortalecimiento. Pero, aún mayor, es el impacto generado por la incompatibilidad entre las decisiones a nivel del Gobierno Nacional, referidas a la promoción de inversiones en actividades extractivas, y el desmembramiento que causan en las tierras comunales, con evidente falta de respeto a los derechos de estos Pueblos Indígenas.
Ante esta situación, las federaciones nativas (FECONBU y FECONACURPI) y organizaciones regionales (ORAU) se encuentran con carencias formales de representatividad y capacidad de acción. El proyecto que abordamos consolida el proceso emergente iniciado con AECID para la defensa de los derechos de los Pueblos Indígenas en la Provincia de Ucayali, que tiene como referente los tratados internacionales de Derechos Humanos, el Convenio Nº 169 de OIT (Art. 13, 14 y 15) y el proceso autónomo de acompañamiento, promovido desde el interior de estas comunidades nativas, para lograr la autogestión de su desarrollo y la mejora de su calidad de vida.
Para la consolidación de la protección del PNCAZ por la población indígena, la contraparte local, CIMA, necesita concentrar sus acciones desde el río Aguaytia (Sur) hasta el río Santa Catalina (Norte), actualmente superpuestas a sus territorios con lotes petroleros adjudicados, como el 107 a la empresa petrolifera Petroleum Company. El objetivo del proyecto y las acciones diseñadas conducen a promover la participación de las comunidades nativas en la evaluación de impactos sociales y ambientales producidos por las actividades hidrocarburíferas, capacitarlas para ésto y definir una línea de base social y ambiental en las comunidades beneficiarias, así como fortalecer las capacidades de los líderes locales y federaciones nativas en el conocimiento de sus derechos. Los resultados del proyecto contribuirá a consolidar una estrategia complementaria para la protección del “área de vida” de los Cashibo, Pueblo Indígena en aislamiento voluntario.
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